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¿Es delito vender flor de CBD tras la STS 301/2026? Dosis, cannabis y THC
El Tribunal Supremo ha condenado por tráfico de drogas a un comerciante de flor de CBD con un 0,3–0,7 % de THC. La Audiencia Provincial lo había absuelto. La STS 301/2026, de 23 de abril, inquieta a todo el sector. Pero deja puertas abiertas a la defensa, y sus fundamentos admiten, a nuestro juicio, serias objeciones.
El caso
Aduanas interceptó dos paquetes con destino a Francia: 1.190 cigarrillos, 140 puritos, bolsitas de 1 y 2,5 gramos y cogollos comercializados como CBD. Peso neto: 2.369 gramos. Riqueza en THC: entre el 0,3 % y el 0,7 %.
| Instancia | Resultado |
|---|---|
| Juzgado de lo Penal nº 18 de Barcelona | Condena: 1 año y 2 meses de prisión y multa de 8.000 € |
| Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 6ª | Absolución |
| Tribunal Supremo (recurso del Fiscal) | Condena: restablece la pena de instancia |
La Audiencia absolvió por dos razones. Los peritos del Instituto Nacional de Toxicología y del Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura declararon que la sustancia carecía de psicoactividad. Y el índice de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga, (THC+CBN)/CBD, no superaba la unidad.
Lo que dice la Sala
El Supremo no niega los análisis. Rechaza que una fórmula de laboratorio decida el tipo penal: «La ciencia permite conocer qué sustancia existe; el Derecho decide qué relevancia típica corresponde atribuirle».
Para condenar, la Sala suma cinco datos:
- La materia vegetal eran flores de cannabis, no un aislado de CBD.
- Se había acreditado analíticamente que las flores contenían THC.
- El total de THC que las flores contenían se situaba por encima de la dosis mínima psicoactiva de 10 mg.
- Formatos de consumo: cigarrillos, puritos, cogollos.
- Destino a terceros a cambio de dinero.
A todo ello, añade que el límite del 0,2 % de THC, propio del ámbito agrario, «no se convierte por ello en una regla penal autosuficiente». Y que la sentencia Kanavape del TJUE ampara la libre circulación del CBD, no la venta de flor con THC.
La defensa pidió después que la Sala se pronunciara sobre el error de prohibición, la sentencia Kanavape y la multa. El Supremo lo rechazó por auto de 19 de junio de 2026 (AATS 6796/2026). Los hechos probados no recogían ningún error y la defensa no los había impugnado, ni siquiera de forma adhesiva.
Las puertas que deja abiertas la STS 301/2026
La sentencia es dura, pero no cierra el debate. La propia Sala reconoce varias cosas que la defensa puede aprovechar desde hoy:
- Existe un cáñamo industrial lícito. «Todo cáñamo es cannabis, pero no todo cannabis es cáñamo industrial en sentido jurídico-administrativo» (FJ 4.4). La Sala no condena al sector en bloque: exige distinguir caso por caso.
- El porcentaje de THC no basta. Por sí solo no convierte la flor en estupefaciente (FJ 4.3). Debe acreditarse que se trata de cannabis penalmente relevante.
- No hay umbral automático. El 0,2 % agrario no es una regla penal autosuficiente, y tampoco lo es ningún otro porcentaje.
- Los hechos probados mandan. El auto de aclaración enseña que la falta de psicoactividad debe quedar fijada en los hechos probados y defenderse en casación, también por vía adhesiva.
Una sentencia no es jurisprudencia. El Código Civil reserva ese valor a «la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo» (art. 1.6). La propia Sala exige ese estándar: rechaza el índice de Naciones Unidas porque no ha sido acogido «por una jurisprudencia consolidada».
Los tribunales tampoco modifican la ley. Los jueces están sometidos «únicamente al imperio de la ley» (art. 117.1 CE). La ley penal castiga el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes y psicotrópicos (art. 368 CP). No fija porcentajes ni umbrales. Que una sustancia lo sea sigue siendo una cuestión de prueba, caso por caso.
En la práctica, cada juzgado seguirá valorando la prueba pericial del caso concreto. En las próximas semanas publicaremos absoluciones recientes que lo demuestran. La primera: ¿Es delito vender flor de CBD? La duda razonable que absuelve.
Objeciones a los fundamentos de la STS 301/2026
La autoridad del Tribunal Supremo no implica su infalible acierto ni la asunción acrítica de todas sus decisiones. Con todo el respeto a la Sala, conviene poner de manifiesto las objeciones jurídicas que, a nuestro juicio, deberían impedir que sus postulados se consoliden como jurisprudencia.
¿Cannabis o THC?
El cannabis contiene THC, pero no es THC. Son sustancias diferentes y el Derecho internacional las regula distintamente.
| Cannabis | THC (delta-9-tetrahidrocannabinol) | |
|---|---|---|
| Tratado | Convención Única de Estupefacientes de 1961, Lista I | Convenio de Viena sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, Lista II |
| Definición | «Las sumidades, floridas o con fruto, de la planta» de las que no se ha extraído la resina | Sustancia química, natural o sintética (dronabinol) |
| Normativa española | Ley 17/1967 de estupefacientes | RD 2829/1977 de sustancias psicotrópicas |
La separación es deliberada y trascendente. No en vano, en diciembre de 2020 la OMS propuso trasladar el THC a la Convención de 1961, pero la Comisión de Estupefacientes de la ONU lo rechazó: 28 votos en contra y 23 a favor.
Rige aquí un principio básico de interpretación: no puede tratarse igual lo que la ley distingue (ubi lex distinguit, nos distinguere debemus). En Derecho penal tiene además una garantía expresa: «las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas» (art. 4.1 CP). A nuestro juicio, la sentencia se aparta del texto de la ley, que interpreta en contra de principios básicos del Derecho para transmutar un hallazgo de cannabis en uno de THC. Medir el cannabis con el umbral del THC es tratar como iguales dos sustancias que la ley regula por separado.
La propia Sala reconoce la diferencia al señalar que el porcentaje de THC mide la potencia «una vez constatado que nos hallamos ante cannabis penalmente relevante». Y añade que «no crea por sí mismo el concepto jurídico de estupefaciente ni puede deshacerlo mediante una simple operación aritmética» (FJ 4.3).
Cabe plantear entonces una pregunta. Si el THC no crea el concepto de estupefaciente, ¿resulta legalmente válido multiplicar los 2.369 gramos de flor de cáñamo industrial por su exiguo contenido en THC para concluir que existe una droga que ni se ha extraído ni es viable extraer (FJ 7.2)?
A nuestro juicio, la respuesta es no, por tres razones:
- Se aparta de la voluntad del legislador. La flor de cannabis no se convierte en THC. El legislador las diferencia de forma deliberada y expresa, y el intérprete no puede fundirlas.
- No tiene respaldo científico. Sumar el THC de todo el alijo solo tendría sentido si alguien fuera a extraerlo y concentrarlo. Con concentraciones tan bajas, el coste en energía, personal y almacenamiento hace inviable esa extracción.
- Presume una intención sin prueba. Tratar la flor como THC acumulado supone que el acusado pretendía transformarla. Eso no es compatible con la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y el principio de que la buena fe se presume y la mala fe debe probarse (art. 434 CC).
¿Dosis o alijo?
La dosis mínima psicoactiva responde a una pregunta concreta: ¿puede esta dosis producir efecto en quien la consume? La grave reacción punitiva del Estado solo está justificada por una amenaza efectiva contra la salud pública, es decir, por la aptitud real de la sustancia para producir en la persona los efectos nocivos propios de la droga y generar adicción. En el cannabis con menos del 1 % de THC y un contenido superior de CBD, los estudios científicos descartan esa aptitud.
La sentencia toma como referencia la dosis mínima psicoactiva del THC (una sustancia que no se intervino), fijada en 10 mg. A continuación extrapola la cantidad total de THC que podría obtenerse de unas flores inocuas y concluye que el conjunto de las flores supera esa dosis. Pero obtener ese THC exigiría transformar las flores, y esa transformación requiere medios técnicos, logística e inversión de tiempo y energía que la hacen inviable y absolutamente hipotética. Es difícil de conciliar con las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia.
Las tablas del Instituto Nacional de Toxicología estiman la dosis mínima psicoactiva del THC en 10 mg. Las flores incautadas no alcanzan esa dosis o apenas la rozan, y eso sin descontar que la combustión solo libera una pequeña parte del THC que contiene la planta:
| Unidad de consumo | THC | Contenido de THC | ¿Alcanza 10 mg? |
|---|---|---|---|
| Bolsita de 1 g | 0,5 % | 5 mg | No |
| Dosis habitual de 1,5 g | 0,3 % | 4,5 mg | No |
| Dosis habitual de 1,5 g | 0,7 % | 10,5 mg | En el límite |
Como la dosis no alcanza el umbral, la Sala salva el obstáculo sumando el THC potencial de todo lo intervenido: 2.369 gramos.
Con ese cálculo, 3,3 gramos de flor con el 0,3 % de THC autorizado en la UE ya suman 10 mg teóricos. El umbral deja de distinguir entre lo que tiene efecto y lo que no. Y la psicoactividad que los peritos negaron en el juicio queda sustituida por una operación aritmética.
Sin embargo, esta operación es jurídicamente objetable por dos motivos:
Infracción de ley por indebida aplicación de la Convención Única de 1961 y, sobre todo, del Convenio de Viena de 1971. Mientras el THC está en la flor, jurídicamente es cannabis, regulado por la Convención Única. Solo es «THC», la sustancia del Convenio de Viena, cuando se separa de la planta. Al multiplicar los gramos de flor por su porcentaje de THC, la Sala aplica a las flores el régimen de una sustancia que no se intervino: calcula cuánto THC se obtendría si se extrajera.
Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE). La acusación se formuló por poseer unas flores de cannabis destinadas al tráfico. Pero el razonamiento de la Sala atribuye implícitamente al acusado la intención de transformar las flores para extraer y obtener un THC presente en concentraciones muy bajas. La sentencia no lo dice, pero condena como si así fuera, en contra del principio acusatorio. Nadie alegó ni probó esa intención, y no se intervinieron útiles, maquinaria ni productos para llevarla a cabo. Se produce así indefensión: la defensa nunca tuvo ocasión de discutir esa hipótesis ni de probar que la extracción era inviable con concentraciones tan bajas. Esta vulneración abriría la puerta a un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Qué debe hacer hoy una empresa del sector
- Documentar cada lote. Variedad del catálogo de la UE, certificado de semilla, factura y análisis de cannabinoides de un laboratorio acreditado.
- Asegurarse de que los productos carecen de aptitud estupefaciente conforme a su naturaleza. Existen flores de cáñamo que no se encuentran fiscalizadas y otras sí, dependiendo de varios factores: origen, tratamiento, composición química. Es recomendable la consulta con profesionales en un campo con gran variabilidad jurídica y de producto.
- Revisar el formato. La Sala da peso a la presentación para consumo (cigarrillos, puritos, cogollos). El riesgo penal no es igual para todos los productos.
- Preparar la prueba pericial desde el primer día. Si hay intervención, la falta de psicoactividad debe acreditarse con peritos y quedar en los hechos probados. Es lo que el Supremo no puede revisar.
- Conocer los derechos que limitan la inspección. Los derechos constitucionales informan y limitan la actividad inspectora de las autoridades, a veces indiscriminada en esta materia: inviolabilidad del domicilio, derecho de defensa y derecho a no declarar. Ese es nuestro trabajo.
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Por Oriol Casals Madrid, abogado penalista (ICAB nº 32430), fundador de Casa Paraula. 20 años de ejercicio en defensa penal y derecho del cannabis; redactor de la ley catalana de asociaciones de cannabis y director de proyectos legales del Observatorio Civil de Políticas de Drogas.
Fuentes: STS 301/2026, de 23 de abril · AATS 6796/2026, de 19 de junio.